Para muchos habitantes de Ancón, entiéndase, los que
viven en los edificios que fueron lujosos en los años cincuenta y que ahora van
botando pintura mientras la sal del mar los corroe, su balneario debe ser
exclusivamente suyo, y los que entren a sus playas no pueden ser de aquellos
que no tengan un departamento dentro del malecón.
En cambio, contrataron a un grupo de personas que
formaron un cordón humano, para impedir que estos “otros” ciudadanos hagan uso
de un derecho tan simple como el de ingresar a una playa. La ley 28856, que
dice que todos los peruanos pueden ingresar a las playas del litoral de manera
libre y ejerciendo un derecho ciudadano, les da la razón.
Al parecer el alcalde de Ancón John Barrera, el
comisario, policías e incluso los hombres que acordonaron la playa, impidiendo
el ingreso poniendo el cuerpo después de que entrara un camión en pleno
malecón, no sabrían de esta ley, o en todo caso decidieron simplemente mofarse
de ella, incurriendo en un delito grave e ignorando lo que les era menos
cómodo. Hasta el momento ni comisario ni alcalde se han atrevido a explicar que
fue lo que pasó, ni declarar en contra de los aparentemente poderosos vecinos
del balneario de Ancón.
“Son actos que repudiamos porque atentan en contra de los
derechos de las personas al libre tránsito y el acceso a las playas”, comentó
el jefe de Imagen Institucional de la municipalidad de Ancón, Carlos Pescorán,
tras asegurar que tomarán medidas pertinentes, sin embargo quedó mudo cuando en
un programa local le preguntaron por el casino de Ancón, que además de ser muy
exclusivo habría tomado también parte de la playa para sus socios. Después de
un largo aliento, seguido por un silencio respondió: “eso ya viene de la
gestión anterior… pero lo evaluaremos pronto”. Sí, claro.
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