Pese a protestas, el grupo parlamentario que preside Daniel Mora ha aprobado los primeros ocho capítulos de un total de dieciséis.
Esta tarde se desató la protesta más fuerte y violenta entre los policías y los estudiantes universitarios que están en contra del proyecto de la nueva Ley Universitaria que la Comisión de Educación del Congreso va aprobando capítulo por capítulo.
Pese a que en un principio las distintas federaciones estudiantiles fueron invitadas a participar en reuniones y foros sobre este proyecto, los estudiantes no exigen la modificación de esta ley, sino que se suspenda la aprobación del texto sustitutorio del dictamen de referida norma. Es decir, dejar la ley tal como está.
Es importante aclarar que ninguno de los grupos estudiantiles ha afirmado estar en contra de la eliminación del bachiller automático, grado académico que se lograría únicamente con la elaboración, sustentación y presentación de una tesis de especialidad de la carrera.
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Al ser consultados sobre la razón por la que se oponen a este proyecto de ley, los estudiantes señalan que, de aprobarse esta ley, la autonomía universitaria estaría en peligro y una casa de estudios dependería de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, institución que sería instaurada sesenta días después de ser promulgada la ley y que reemplazaría a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), escenario que muchos consideran inconstitucional.
Precisamente, la ANR se ha enfrentado a la comisión que preside el congresista Daniel Mora, quien asegura que los rectores están tratando de manipular a los estudiantes, al punto de confundirlos sobre los alcances de esta ley, con el afán de quedarse en el cargo. “Están buscando las contradicciones los señores que se quieren perpetuar en la ANR, toda ley tiene su transición, su momento para aplicarse”, afirma el titular de la Comisión de Educación.
Por su parte, Orlando Velásquez, titular de la ANR, asegura que este proyecto es una injerencia absurda y absoluta del poder político. “La institucionalidad creada por largos años de autonomía y democracia en las universidades, las propuestas que se están trabajando para el gobierno y las diferentes instancias de la actividad civil se vendrían por tierra”, considera.
En tanto, los estudiantes ven en peligro la autonomía de sus universidades con la creación de Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que se encargará de la supervisión de la calidad educativa y la fiscalización del uso de los recursos. Este último punto ha sido duramente criticado por los universitarios.
A ello, se suma la conformación de los nueve miembros de esta superintendencia: un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ceplan, un representante del Concytec, dos representantes de las universidades públicas, dos representantes de las universidades privadas, un miembro de los colegios profesionales y un representante del sector empresarial.
¿Quién será el empresario que se sume a esta superintendencia?, es la pregunta que los estudiantes se hacen y por el que también se oponen. Para muchos estudiantes el sector empresarial tiene como propuesta la privatización de la educación, por lo que resulta ilógico que integre esta superintendencia que se contrapone a la intención de enseñanza gratuita.
VOTO PARITARIO
Una de las grandes modificaciones que tendrá la Ley Universitaria es el contenido sobre la elección del rector y los dos vicerrectores (uno académico y otro de investigación). En la actualidad, la Asamblea Universitaria es la encargada de elegir a estas autoridades que tienen un mandato de cinco años.
Con esta ley, el voto será universal, es decir, tanto docentes como estudiantes matriculados y graduados podrán elegir a su rector y vicerrectores, pero el voto es ponderado. Los docentes ordinarios tienen los dos tercios de los votos, mientras que los universitarios el restante tercio.
Los universitarios están en contra de este mecanismo de elección y exigen que el voto sea paritario, es decir, que el voto de un docente y un estudiante valgo por igual, sin que haya una repartición previa o una ponderación. Todos por igual es el reclamo de los alumnos. Pese a que se planteó esta posibilidad en el interior de la Comisión de Educación, el grupo parlamentario optó por los tercios en los votos.
CALIDAD EDUCATIVA
En opinión de los estudiantes, esta ley no pone énfasis en una propuesta de mejora educativa, en relación a recursos económicos que se destinen a mejorar no solo la infraestructura de las universidades, sino también que promuevan y fomenten la investigación en las casas de estudio.
A pesar que en el capitulo sexto se dispone que los gobiernos regionales entreguen el 20 % del canon a las universidades públicas de su zona, para la inversión en investigación científica y tecnológica; los universitarios consideran que ello no es suficiente y exigen una respuesta clara a este requerimiento.
Tomada de LaRepública
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